El director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, ganó el III Premio de Investigación de los Derechos Humanos de la Generalitat con un estudio que alerta de las «graves deficiencias» de la actual ley que regula la prisión provisional y de su carácter arbitrario.
En su estudio, Ibáñez, que es doctor en Derecho Penal por la Universitat de Barcelona, advierte que la deficiente regulación de la medida preventiva de prisión provisional puede facilitar que los encarcelamientos en espera de juicio queden a merced de criterios arbitrarios. Por eso, el jurista destaca que la actual regulación puede dar pie además a una «confusión» entre pena y prisión provisional, lo que la convierte en un castigo anticipado, y frecuentemente al encarcelamiento de personas inocentes.
El trabajo propone una ley más garantista que suprima algunos de los criterios actuales para dictar la prisión provisional, como los antecedentes penales del delito o el pronóstico de reincidencia. Además, defiende que se limite su duración a un año y que la potestad de otorgarla sea competencia de un tribunal de garantías, en vez del juez instructor.
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